La Xunta se apoya en el sindicato nacionalista (CIG) para asestar otro duro golpe a sus empleados públicos.

Contradiciendo el anuncio de su propio Director General de Evaluación y Reforma Administrativa ante el Parlamento, Facenda saca adelante un nuevo documento de Teletraballo obviando por completo el escenario derivado de la pandemia de la Covid-19. Y lo hace, sorprendentemente, con la connivencia del sindicato nacionalista, la CIG.

Análisis de la nueva regulación:

Lejos de establecer una regulación clara y concisa, establece una norma embarrada, de difícil comprensión y plagadas de excepciones y casuísticas

Lejos de elaborar un texto normativo que se adecue a las circunstancias sanitarias actuales y que, con toda seguridad, permanecerán en el tiempo, la Xunta implanta un modelo de teletrabajo restrictivo, regresivo y arbitrario.

Restrictivo, porque lejos de pretender que puedan ser beneficiarios el mayor número de trabajadores, establecen restricciones para ciertos colectivos, haciéndolo de forma totalmente caprichosa e injustificada.

Restrictivo, porque establece el antojadizo plazo de un año de servicios prestados en puestos con funciones o tareas análogas en el puesto que se pretenda desempeñar en la modalidad de teletrabajo. Lo cual es una auténtica barbaridad, cuando se está pendiente de la resolución de un concurso de traslados que afectará a más de mil funcionarios y, sobre todo, si Facenda pretende cumplir con el compromiso de establecer el concurso abierto y permanente.

Regresivo, porque elimina la posibilidad de que la jornada de trabajo pudiese fraccionarse en la modalidad presencial y el teletrabajo, limitando así la posibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar.

Regresivo, porque minora los días mensuales de teletrabajo con respecto a la norma del 2013.

Arbitrario, porque, en la práctica, el teletrabajo será autorizado o denegado al arbitrio del órgano competente para su resolución.

Arbitrario, porque deja a juicio de la persona supervisora la concesión del teletrabajo a trabajadores que no acrediten la experiencia mínima de un año.

Arbitrario, porque deja al albur de los secretarios generales la concesión del teletrabajo por semanas o meses a trabajadores excluidos expresamente de su ámbito de aplicación.

Arbitrario, porque le asigna a la comisión técnica de seguimiento la facultad de incluir a su libre albedrio criterios de prioridad para conceder el teletrabajo.

La Xunta pone otra vez a sus trabajadores a los pies de los caballos.

Lejos de tomar como marco de referencia el Decreto de Teletrabajo de la Comunidad Autónoma de Madrid, aprobado el pasado mes de septiembre con el consenso de todas las organizaciones sindicales, CSIF incluida, el gobierno de la Xunta de Galicia vuelve a poner a sus empleados públicos, una vez más, en una posición de desventaja en sus condiciones laborales, demostrando de nuevo su falta de empatía  y desprecio por sus condiciones laborales.

El fracaso del modelo negocial.

Es tal el fiasco del nuevo modelo de teletrabajo aprobado por Facenda, que hasta sus incondicionales compañeros de cama (CCOO y UGT) no han sido capaces esta vez de prestarle su apoyo.

No obstante, para sorpresa y estupefacción de todos los empleados públicos, Facenda ha contado en esta ocasión con el apoyo del sindicato nacionalista, la CIG. A ellos le corresponde ahora explicárselo no sólo a sus votantes, sino también a todos los trabajadores.

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