Miguel Borra, presidente de CSIF se reúne con empleadas/os públicos de los sectores afectados por la crisis migratoria para escuchar sus demandas. El sindicato viajará a Bruselas la próxima semana para reclamar apoyo para España.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, prepara acciones jurídicas para reclamar la responsabilidad del Gobierno y del resto de administraciones en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por los efectos que se han derivado en el funcionamiento de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados.
En este sentido, trabajamos en acciones judiciales por actuaciones u omisiones concretas del Gobierno con posibles responsabilidades respecto a la obligación legal, administración responsable, tanto en España (incluido una queja formal ante el Defensor del Pueblo), así como ante la Comisión Europea.
El presidente de esta organización, Miguel Borra, viajó hoy a esta ciudad autónoma y mantuvo reuniones con delegados sindicales y empleadas/os públicos de los sectores afectados para escuchar de primera mano sus demandas y la situación en la que se encuentra la prestación de servicios que reciben los ciudadanos.
CSIF ha preparado un expediente sobre todo lo acontecido en Ceuta desde finales del mes de julio, con la cronología de los acontecimientos, evolución de la frontera, efectivos existentes y refuerzos enviados, situación de los procedimientos de extranjería, incidencias de seguridad, afectación a empleados y servicios públicos, utilización de instalaciones públicas, entre otros.
Asimismo, analizamos las solicitudes realizadas por las administraciones, las respuestas del Gobierno de España, la ayuda europea solicitada o no solicitada, actuaciones y posibles omisiones de los distintos organismos competentes, así como las declaraciones y actuaciones del Reino de Marruecos relacionadas con Ceuta y Melilla.
Entre las cuestiones que deben analizarse se encuentran:
– Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.
– Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.
– Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.
– Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.
– Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.
– Coordinación entre administraciones.
– Utilización o no de mecanismos europeos.
CSIF exigió al Gobierno una respuesta urgente ante la presión migratoria sobre los servicios públicos de Ceuta y Melilla
Desde el pasado 31 de julio, CSIF manifestó al Gobierno y a la administración de Ceuta su preocupación por el aumento de la presión migratoria y su impacto directo sobre los servicios públicos esenciales y sobre los profesionales que a diario sostienen la atención a la ciudadanía en condiciones muy difíciles.
Así, CSIF reclamó un plan extraordinario de refuerzo para proteger la asistencia sanitaria, los centros de menores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada ante una situación que amenazaba con desbordar la capacidad de ambas ciudades autónomas.
Este ha sido el impacto sobre los servicios públicos:
Policía local: sobrecarga laboral voluntaria debido a los insuficientes miembros de las FFCCSSEE necesarios, incremento de agresiones y de riesgos de las mismas, exposiciones biológicas no habituales, apoyo insuficiente del mando único para poder ejecutar sus competencias, ausencia de órdenes necesarias y/o claras, adquisición de nuevos materiales derivados de la necesidad de esta nueva crisis como sprays de defensa etc.
Sanidad: incremento de la presión sanitaria, sobrecarga asistencial, insuficiencia de plantillas, riesgo de agresiones y riesgos biológicos. La presión asistencial es insostenible y hay un estado de agotamiento crítico y sostenido del personal tras semanas de presión continua. Hemos solicitado hospital de campaña, materiales de triaje, mantener las promociones internas temporales y un reconocimiento laboral extraordinario del personal. Continuamos sin un Comité de Seguridad y Salud propio, a diferencia de Melilla, pese a haberlo solicitado en diferentes ocasiones algo que sólo se comprende desde la abulia institucional.
Instituciones Penitenciarias: Presión asistencial, situación directamente vinculada con el incremento de la actividad delictiva y la inseguridad ciudadana derivadas de la invasión fronteriza. El sindicato ha exigido a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias traslados urgentes para salvaguardar la seguridad de los empleados públicos penitenciarios y de la propia población reclusa. Al tiempo que se garantiza el correcto desarrollo de los programas de tratamiento y el cumplimiento del fin de la institución consagrado en el art. 25.2 de nuestra Carta Magna.
Educación: la prioridad absoluta es proteger al alumnado ceutí y garantizar una vuelta al cole segura. El curso escolar ha comenzado con el sistema educativo al límite. Los centros carecen de personal suficiente, en precario y sin especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado. Las ratios de las aulas de los Centros de Ceuta están justas y en algunos incluso superan en número lo establecido en ley.
Respecto a los menores no acompañados, la situación es excepcional. El Real Decreto 556/2026 de 30 de junio establece un límite máximo de solo 29 menores la capacidad ordinaria del sistema de protección de Ceuta. Sin embargo, a día de hoy ya hay alrededor de 2000 menores, casi 69 veces más de lo que corresponde a nuestra capacidad.
Esta desproporción supone para Ceuta una carga económica, asistencial y de espacio absolutamente inasumible, saturando recursos, instalaciones y servicios públicos de una ciudad con un territorio y una población muy limitados.
CSIF exige información sobre cómo y con qué recursos se van a atender.