Los representantes de RR.HH del Sergas explican los cambios efectuados en el último borrador de la Resolución del concurso de traslados, respecto a las bases que regirán el concurso, en función de las alegaciones presentadas por la parte social, comentando también las alegaciones que no fueron aceptadas.
Respecto a las alegaciones presentadas por CSIF, informó que algunas de ellas ya habían sido incorporadas a este borrador, tales como:
- La inclusión de la conciliación como mérito a valorar.
- Que la puntuación por formación reduzca su porcentaje de importancia frente a la experiencia
- Que se valoren otros idiomas de la Unión Europea.
- Que los servicios prestados se valoren en el puesto de origen.
Respecto de la participación de los funcionarios con destino provisional resultante del último proceso selectivo, RR.HH mantiene su postura inicial amparándose que está vinculada por las bases del proceso selectivo y que la nueva ley de función pública (artículo 90) no cambia la legislación referida a los concursos en ese sentido, por lo que se mantienen las 2 fases del concurso con los mismos requisitos.
Tras exponer también la parte social sus opiniones y valoraciones al respecto, los representantes de la Administración se comprometen a revisar los siguientes aspectos:
- En cuanto a la puntuación por antigüedad, debido a las discrepancias existentes, analizará su propuesta respecto a que su valoración máxima se pueda alcanzar con una antigüedad de 40 años o, por contra, con un cómputo de 35 años.
- Respecto de la puntuación adicional del personal del laboratorio, respecto a los 2 puntos a mayores que se les otorgan a consecuencia de su forzoso traslado geográfico, decidirán si queda tal como aparece en el borrador o restringen esa puntuación única y exclusivamente a las solicitudes de aquellas plazas que coincidan con la misma localidad de origen de la que fueron trasladados.
- En cuanto a la puntuación de las medidas de conciliación: Revisarán su valoración en base a los criterios de función pública.
El representante de la CSIF reiteró la solicitud de que se envíe toda la documentación necesaria para las reuniones con el tiempo necesario para su estudio y valoración. Del mismo modo, todos solicitamos que se nos remitiese el listado detallado de las plazas que se ofertan y de las plazas que no se ofertan al concurso, así como el motivo de su exclusión. No obstante, la subdirectora del Sergas ya adelantó los siguientes motivos la exclusión de determinadas plazas:
- Plazas ocupadas por interinos con anterioridad al 2005.
- FISP pendientes del tercer proceso selectivo (3)
- Las plazas de personal que fué desplazado de los laboratorios de Saude Pública.
- También informó que se excluían las amortizaciones de 4 o 5 plazas de la ley 17 (se pidió que se incluyan en el listado.)
En este sentido , la representante de la administración se comprometió en enviar la lista de plazas que no se ofertan y el motivo, y se acordó plazo para alegaciones hasta el próximo viernes 7 de abril.
Por último, se les solicitó explicaciones referidas a la externalización de las playas, para lo cual se presentó el subdirector de Saúde Pública, el cual relató lo siguiente:
Que la externalización de las playas es una opción que ya contemplaban desde hace varios años, y que al ser un trabajo de menor cualificación, se realizaba la externalización para una mejor gestión de los recursos y priorizar las inspecciones de los distintos programas sanitarios. Confirmó que en principio está prevista para la temporada 2016, y que su coste rondaría los 150,000 € (no quiso dar la cifra exacta).
Las distintas organizaciones sindicales manifestamos nuestra máxima oposición a esta externalización, que se entendía como una represalia a la huelga mantenida por los FISP el pasado año.
Estilo ‘Al Capone’
En este sentido, el representante de la CSIF comunicó al subdirector que la sentencia del TSJG había declarado la orden de los servicios mínimos como anticonstitucional, y que las comunicaciones amenazantes recibidas por los FISP en las que se les informaba de su bajo rendimiento eran comportamientos mafiosos más propios de una empresa estilo “Al Capone” que de una administración pública, y solicitó nuevamente una reunión conjunta de sindicatos con función pública y RRHH de Sanidade para tratar conjuntamente la externalización y el terma de los FISP, a lo cual quedaron en dar respuesta.