La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ante las graves anomalías reconocidas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el Tribunal Supremo en las oposiciones del grupo A1, instará a Función Pública a que revise de oficio este proceso selectivo. CSIF solicitará que se vuelva a calificar a todos los opositores que fueron suspendidos por el Tribunal sin que se hubieran corregido los exámenes o cuya corrección hubiera sido arbitraria, tal y como alertaron las sentencias, pero sin que esto afecte a los opositores que ya fueron nombrados funcionarios.
El sindicato recuerda que en la última sentencia, que se sumó a otras tres anteriores tanto del Tribunal Supremo como del TSXG, se considera probada una “conjura del Tribunal calificador con burla de las bases de la convocatoria”.
A esta alarma hay que añadir un nuevo fallo, esta vez del TSXG referente a la oposición del Cuerpo de ayudantes facultativos subgrupo C1 de la Xunta (sentencia 591/2016), que obliga a a repetir de nuevo algunos exámenes y que ha vuelto a poner en evidencia el anómalo funcionamiento de los tribunales en los procesos selectivos convocados desde la Consellería de Facenda y que CSIF viene denunciando.
Para esta central es de especial preocupación la sensación de desconfianza y de malas prácticas que se está creando entre los aspirantes a conseguir un posto de trabajo en la Administración debido a este goteo constante de alarmantes sentencias. Por este motivo, como sindicato miembro da Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos solicita una reunión urgente con la Consellería de Facenda para tratar los siguientes temas:
- Negociar un nuevo reglamento o instrucciones de funcionamiento de los Tribunales de selección de los procesos selectivos convocados por la Consellería de Facenda, toda vez que los actuales se manifiestan insuficientes para garantizar la objetividad, limpieza el buen desarrollo de los dichos procesos.
- Negociar la figura del Observador de la Legalidad de los procesos selectivos convocados por Facenda. La Consellería se niega a su constitución porque sostiene que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público impide que los sindicatos sean miembros de los Tribunales, pero esta figura no formaría parte de ellos sino que velaría para que no cometiesen arbitrariedades y se ajustasen a las bases del proceso, además de garantizar la defensa de los opositores en caso de reclamaciones e impugnaciones. Esta figura ya está implantada en otras Administraciones.
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