El TSXG obliga a la Xunta a nombrar funcionaria a una opositora tras considerar probada una “conjura del Tribunal calificador”

  • IgualdadEsta sentencia califica de “sangrante” la situación y vuelve a poner de manifiesto las recurrentes irregularidades de los procesos selectivos de la Xunta.
  • CSIF denuncia la indefensión de los opositores y reclama la figura del Observador de la Legalidad y un cambio en el reglamento de funcionamiento de los Tribunales.

Una sentencia de Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obliga a la Xunta de Galicia a nombrar funcionaria del Grupo A1 a una opositora que había sido suspendida por el Tribunal de Selección al considerar probada la existencia de una “conjura del Tribunal calificador con burla de las bases de la convocatoria”. La resolución, que ya es firme y que considera “sangrante” la situación de la opositora, se suma a otras tres anteriores donde tanto el Tribunal Supremo como el TSXG venían de reconocer la arbitrariedad en la actuación de los órganos de selección así como la indefensión de los opositores.

Estas sentencias ponen de nuevo en evidencia la falta imparcialidad de las oposiciones convocadas por la Consellería de Facenda, poniendo en entredicho la actuación de los Tribunales de Selección nombrados desde la Dirección General de Función Pública.

No obstante, en este nuevo fallo, el TSXG ve más allá ya que expresa de manera contundente que “la sospecha vertida por la demandante de existencia de una conjura del Tribunal calificador con burla de las bases de la convocatoria se eleva en esta sede procesal a convicción probada, por el principio de facilidad probatoria en manos de la Administración y por el patente panorama indiciario de maquinación evidenciado por la demandante. De ahí que el Tribunal calificador, bien por inercia, economía procedimental, ignorancia o error… hurtó la posibilidad de los restantes aspirantes de aprobar el segundo ejercicio…” (Fundamento jurídico cuarto).

Así mismo, el TSXG reconoce que en la corrección de los ejercicios se vulneraron los criterios de calificación de la convocatoria, que los exámenes aparecen sin corregir, que tampoco constan soluciones homogéneas y objetivas y que existen criterios genéricos susceptibles de aplicación arbitraria. Así, el TSXG manifiesta que “la valoración asignada a la segunda prueba es fruto más del “voluntarismo” que de la razón científica” y que “resulta elocuente indicio de que (los ejercicios) no fueron objeto de detenida valoración…” (Fundamento jurídico quinto)

Por último, el TSXG estima la pretensión principal de la demandante en cuanto al derecho de figurar como aprobada en el segundo ejercicio de la oposición así como de figurar como aprobada del proceso selectivo, con los derechos administrativos y económicos inherentes, y que deberán ir referidos en condiciones de equivalencia con los de su promoción aprobados y cuyos nombramientos han de quedar intactos.

Observador de la Legalidad y Reglamento de funcionamiento de los Tribunales 

Ante esta nueva esperpéntica situación de desconfianza que está ya implantada entre los aspirantes a un puesto de trabajo en la Administración Pública, CSIF insiste en la necesidad de creación, sin más demora, de la figura del Observador de la Legalidad de los procesos selectivos. Una figura a través de la cual, los sindicatos, sin formar parte de los tribunales de selección, participarían velando por la limpieza de los mismos y su transparencia, pudiendo denunciar cualquier actuación que se aleje del buen desarrollo de los mismos y que garantice que los mismos se desarrollarán conforme a los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad.

Así mismo, CSIF exige la modificación del reglamento de funcionamiento de los Tribunales de Selección. Toda vez que el actual se remota a la época del gobierno bipartito y se demostró más que ineficiente para garantizar la objetividad y limpieza de las oposiciones.

Ambas demandas de CSIF son rechazadas sistemáticamente por la Dirección Xeral de Función Pública que parece interesada en mantener el sistema actual a pesar de los reiterados varapalos de que viene siendo objeto por parte de los Tribunales de Justicia.

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