Los empleados públicos que desarrollan su trabajo en entornos con exposición a riesgos biológicos -como veterinarios, técnicos ambientales, bomberos forestales o investigadores, entre otros- están expuestos a la posibilidad de contraer enfermedades relacionadas con agentes infecciosos propios de su actividad laboral. Estas dolencias pueden ser reconocidas como enfermedades profesionales, lo que garantiza derechos y protecciones específicas para el personal afectado.
