CSIF ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por hechos acontecidos en el Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático (CMACC), cuya Presidenta ha incurrido en irregularidades que afectan a la integridad de las actas, a la información y participación de la RLT y a la seguridad del personal, especialmente del personal que realiza trabajos de campo.

La Xunta de Galicia debe ser referente en prevención para el tejido empresarial. Sin embargo, los hechos descritos muestran prácticas que no están a la altura de los estándares que hoy aplican muchas PYMEs en Galicia.

1. Vulneración de los derechos de información, consulta y participación de la RLT (arts. 18, 33 y 36 LPRL):

• Actas y participación de la RLT:CSIF denuncia la existencia de actas incompletas y la negativa a grabar y transcribir las sesiones, lo que impide una verificación fiel de lo debatido y acordado. Asimismo, se constatan retrasos y omisiones en la documentación que debe remitirse con carácter previo a las reuniones y la exclusión de deliberaciones relevantes, circunstancias que comprometen la trazabilidad de los acuerdos y la participación efectiva de los delegados de prevención.
• Accidentes sin aviso inmediato a la RLT:se cita el accidente grave en Illa de Ons (caída en acantilado al realizar trabajos de vigilancia) sin comunicación inmediata a los delegados, que se enteraron por la prensa, el trabajador tuvo que ser rescatado con un helicóptero y trasladado de forma urgente al hospital, donde permaneció en cuidados intensivos. La Presidenta presentó el siniestro poniendo el foco en la “inadecuada observación del riesgo” del trabajador, obviando que el informe de investigación recoge igualmente falta de medidas de protección por parte de la Administración, lo que desplaza indebidamente la atención hacia la conducta individual.

Además, se documenta un siniestro de vehículo en Ons (15/08/2024) con vuelco por fallo de frenado, en un vehículo oficial de 23 años de antigüedad, en el que la trabajadora herida no pudo salir por sus propios medios del vehículo y tuvo que ser rescatada, tampoco comunicado a la RLT en su momento. Se ha constatado la falta de información a los delegados de prevención sobre accidentes laborales en varias ocasiones.

• ITSS y visitas sin información:CSIF reprocha ocultación o comunicación tardía de investigaciones de la Inspección de Trabajo y visitas de evaluación específica en centros como CRFS Carballedo/Cotobade, con riesgo biológico, a las que los delegados acudieron “sin saber a lo que iban” (reconociéndose internamente “lo hicimos mal”). El hecho vulnera el derecho a una participación informada. Existen precedentes de dos investigaciones de la ITSS a la APLU, cuando pertenecía a esta Consellería, donde no se informó y no se permitió a los delegados asistir a las primeras comparecencias.

2. Deficiencias en la evaluación de riesgos y en la planificación (arts. 14 a 16 LPRL; RD 39/1997). Evaluación y medidas preventivas insuficientes: visitas realizadas sin condiciones reales de trabajo (DA16 Pontevedra), medidas correctoras pendientes desde 2018/2019 (Simonde).  Muchos trabajadores de la Consellería manifiestan no disponer de copia de su evaluación de riesgos laborales, desconociendo los riesgos a los que están expuestos y las medidas preventivas.
3. Incumplimientos en la Dotación de Equipos de Protección Individual (EPI) y Medidas Preventivas Específicas (RD 773/1997; art. 15 LPRL). CSIF cuestiona elcriteriorestrictivo del técnico que asesora a la Presidencia, que trata la ropa de protección contra inclemencias meteorológicas como “uniformidad” en vez de EPI (p. ej., chubasqueros EN 343, calzado antideslizante), lo que repercute en la selección, entrega y mantenimiento obligatorias.

Además, se recogen quejas reiteradas sobre el calzado proporcionado a los trabajadores de campo. Las botas de seguridad con puntera reforzada no son adecuadas para transitar por el monte durante horas, ya que pesan mucho y los riesgos en el monte son diferentes a los de aplastamiento (como en obras). Solo se les proporciona un par de botas y los trabajadores tiene que utilizarlas para conducir, hay quejas por pérdida de control del vehículo y dificultades para acelerar. La DGT recomienda no utilizar calzado que limite el movimiento del pie.

4. Deficiencias en Vehículos Oficiales: Se requiere una Evaluación de Riesgos Ergonómicos específica de los vehículos oficiales, considerando factores como posturas mantenidas, vibraciones, y la edad del personal trabajador.

Con los años se modifican aptitudes psicofísicas (visión, procesamiento, movilidad, tolerancia a fatiga/medicación) que pueden elevar el riesgo vial laboral y, sobre todo, la gravedad de las lesiones en caso de siniestro. Por ello conviene tratar a parte del personal ≥55 años como colectivo especialmente sensible cuando la conducción es parte obligatoria del puesto.

Se denuncia también la falta de elementos básicos de seguridad en muchos vehículos, como extintores, botiquines de primeros auxilios y balizas homologadas de advertencia. Así como la existencia de vehículos muy antiguos (20 años) sin ADAS.

5. Altas temperaturas:CSIF denuncia avisos meteorológicos tardíos, ineficaces para planificar jornadas y protecciones reales; solicita protocolo operativo.

 CSIF solicita a la Inspección de Trabajo que requiera a la Consellería corregir las prácticas irregulares detectadas y garantizar de forma efectiva la protección y la seguridad de las personas trabajadoras, restableciendo los derechos de información y participación de la RLT, y asegurando la adecuada evaluación, planificación y dotación preventiva en todos los centros y trabajos de campo.

CSIF señala que el SPRL trabaja en precario, con muy pocos medios y plazas vacantes, lo que impide un funcionamiento ordinario y el seguimiento efectivo de los planes de acción. Asimismo, existen puestos para los que se exige posgrado que, sin embargo, están clasificados con un nivel 16, claramente inadecuado para la cualificación y responsabilidad requeridas.

CSIF advierte de que estas prácticas dañan la imagen de la Xunta de Galicia, especialmente cuando se cumplen 30 años desde la aprobación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y reclama ejemplaridad, cumplimiento estricto y protección efectiva del personal público.