Las presiones de CSIF hacen posible que se dé cumplimiento a la Resolución de 13 de abril de 2020, por la que se regula la emisión del certificado digital de pseudónimo en la Administración autonómica gallega.

Tras la aprobación de la Ley 4/2019, de administración digital de Galicia, los empleados públicos vienen obligados a emplear el sistema de firma electrónica. Sin embargo, colectivos como el de los subinspectores urbanísticos de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) manifestaron su malestar, toda vez que los certificados de firma habilitados mostraban datos de carácter personal de los empleados públicos.

Por tal motivo, desde CSIF se presionó a la Administración para que, en base a motivos de seguridad, se implantase un sistema de firma electrónica en el que únicamente se mostrase el número de identificación profesional del empleado público, preservándose los datos de carácter personal.

Fruto de las gestiones de CSIF, se publicó la Resolución de 13 de abril de 2020, por la que se regula la emisión del certificado digital de pseudónimo en la Administración autonómica gallega. Un certificado destinado a firmar los informes, actas o documentos análogos elaborados en el ejercicio de las funciones de autoridad pública, inspección, vigilancia o control de la Administración pública, o en el desempeño de aquellas otras funciones en que resulte necesario preservar la identidad personal del empleado/a por concurrir circunstancias o hechos que aconsejen adoptar esta medida.

Sin embargo, y sólo después de múltiples presiones ejercidas por CSIF, no fue hasta el pasado 18 de febrero de 2021 cuando los subinspectores de la APLU tuvieron disponible de forma efectiva el certificado digital de pseudónimo.