El máximo órgano de la Xunta, que tiene la responsabilidad de velar por que en la Administración se cumpla la Ley de Empleo Público, se postula como su mayor transgresor.

La Ley del empleo público de Galicia, aprobada por la mayoría parlamentaria del Partido Popular e impulsada desde la Consellería de Facenda es taxativa en su artículo 92: «Solamente pueden proveerse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública entre personal funcionario de carrera las vicesecretarías generales, las subdirecciones generales o equivalentes, las secretarías de altos cargos y, excepcionalmente, aquellos puestos de trabajo de especial responsabilidad o cualificación profesional que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo».

Dichos puestos, los de Libre designación, son aquellos que se adjudican en virtud de la «apreciación discrecional de la idoneidad del candidato». Lo que no en pocos casos supone que su adjudicación se haga en función de una especial confianza o afinidad personal o política del conselleiro correspondiente. Son por ello conocidos como los puestos dados a dedo.

Del mismo modo, el cese en dichos puestos se produce igualmente de manera discrecional por, entre otros motivos, la pérdida de esa especial confianza, afinidad o por no asumir las directrices de los órganos superiores, aunque sean de dudosa legalidad, vayan en contra del interés público o de los intereses generales.

Por ellos en muchos casos, el desempeño de puestos adjudicados por libre designación colisiona frontalmente con los principios de independencia e imparcialidad que deben de regir las actuaciones de los funcionarios.

Pues bien, la Consellería de Facenda y Administración Pública, la misma que en su día impulsó la Ley del Empleo Público de Galicia remitió a los sindicatos una propuesta de modificación de su relación de puestos de trabajo (RPT).

De dicha propuesta llama de manera especial la atención la pretensión de incrementar el número de jefaturas de servicio para su cobertura por libre designación, incumpliendo flagrantemente lo dispuesto en la Ley del empleo público. Ley, insistimos, que fue impulsada por esa misma consellería.

El incremento exponencial de los nombramientos “a  dedo” se produce, precisamente, en la unidad administrativa que debe de verificar, mediante el control previo de legalidad y el control financiero, que la actividad económico-financiera del sector público se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

Un incremento que hace, precisamente, en uno de los departamentos de la Administración en donde la independencia y la imparcialidad debe de estar necesariamente fuera de toda duda, la Intervención General de la Xunta de Galicia, toda vez que es el máximo órgano de control interno de la actividad económico-financiera de la Comunidad, de sus organismos autónomos y entes públicos y de las sociedades públicas.

De esta manera, y en base a un peregrino argumento de «especial responsabilidad» o «custodia de datos personales», a la que están obligados todos los funcionarios públicos, la Consellería de Facenda y Administración Pública pretende trasnsformar todas las jefaturas de servicio de concurso específico a libre designación, cambiando en algún caso el nombre del servicio y en otros ni tan siquiera.

De salir adelante la propuesta de la Consellería de Facenda, la totalidad de las jefaturas de servicio, quince en total, cuya forma de provisión ordinaria debería de ser por ley la del concurso específico, serán cubiertas discrecionalmente en función de la especial confianza o afinidad personal o política del Conselleiro de Facenda. Eso sí, con toda certeza, todos los beneficiarios serán “gente de bien”.

En todo caso, CSIF no cuestionará la idoneidad de los funcionarios que sean nombrados «a dedo» para estos puestos, pero su independencia y profesionalidad, lejos de presumirse, deberá de ser demostrada.

 

Nota importante: Los artículos de denuncia publicados en el Herald Toupeiras se elaboran conscientemente en lengua española para facilitar su difusión y conocimiento en todas las Administraciones de España.