Perjudica de manera directa a colectivos ya altamente precarizados, como el personal sociosanitario, asistencial, de atención directa y de servicios públicos esenciales dependientes de la Xunta de Galicia.

La modificación del Decreto 37/2006, de 2 de marzo, por el que se regula el nombramiento de personal interino y la contratación temporal de personal laboral de la Xunta de Galicia, supone un nuevo endurecimiento de las condiciones de funcionamiento de las listas de contratación temporal y un grave perjuicio para miles de trabajadoras y trabajadores que dependen de este sistema para acceder al empleo público.

Lejos de corregir la precariedad estructural existente, la reforma profundiza en un modelo basado en el control, las penalizaciones y la disponibilidad permanente del personal temporal, trasladando además a las personas aspirantes toda la carga burocrática y administrativa derivada de la gestión electrónica obligatoria.

Entre las principales consecuencias negativas de esta modificación destacan:

• La suspensión automática en otras listas una vez aceptado un nombramiento o contrato, impidiendo que las personas puedan optar a mejoras laborales, jornadas más favorables o puestos más próximos a su domicilio, aun habiendo superado distintos procesos selectivos y abonado las correspondientes tasas de inscripción.
• El incremento de la rigidez del sistema de llamamientos y de las penalizaciones, limitando la capacidad de conciliación, movilidad y mejora profesional del personal temporal.
• La imposición progresiva de la gestión exclusivamente electrónica, que aumenta el riesgo de exclusiones automáticas, incidencias técnicas y pérdida de derechos por errores administrativos o fallos informáticos.
• El refuerzo de un modelo de contratación orientado únicamente a cubrir necesidades organizativas de la Administración, sin garantizar estabilidad, seguridad jurídica ni condiciones dignas para el personal de las listas.

Resulta especialmente grave que estas medidas afecten de manera directa a colectivos ya altamente precarizados, como el personal sociosanitario, asistencial, de atención directa y de servicios públicos esenciales dependientes de la Xunta de Galicia.

Además, esta modificación evidencia una clara desigualdad dentro de la propia Administración autonómica gallega, ya que existen otras consellerías y organismos públicos con sistemas de listas de contratación mucho más flexibles y menos perjudiciales para su personal.

Es especialmente significativo el caso del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), donde el funcionamiento de las listas permite mayores posibilidades de movilidad, mejora de empleo y compatibilidad entre categorías, evitando mecanismos tan restrictivos como los que ahora se pretenden consolidar en las listas reguladas por el Decreto 37/2006.

Esta diferencia de trato provoca un evidente agravio comparativo entre trabajadoras y trabajadores que desempeñan funciones similares dentro de servicios públicos esenciales de la misma Administración autonómica.

No resulta aceptable que personal sanitario, sociosanitario y asistencial dependiente de la Xunta tenga condiciones de gestión de listas más restrictivas y perjudiciales que el personal de otros organismos de la propia Xunta de Galicia.

Por todo ello, desde CSIF denunciamos:

1. El endurecimiento injustificado de las condiciones de funcionamiento de las listas de contratación temporal.
2. La limitación de derechos y oportunidades laborales del personal temporal.
3. La consolidación de un modelo basado en penalizaciones y restricciones.
4. El agravio comparativo respecto de otros sistemas de listas existentes dentro de la propia Administración gallega.
5. La ausencia de medidas reales dirigidas a reducir la precariedad y mejorar la estabilidad laboral.

Asimismo, desde CSIF exigimos:

• La retirada de aquellas modificaciones que supongan suspensión automática o bloqueo entre listas.
• La implantación de mecanismos de mejora de empleo y movilidad similares a los existentes en otros organismos de la Xunta.
• Garantías frente a exclusiones automáticas derivadas de incidencias electrónicas.
• Mayor transparencia y negociación sindical efectiva.
• Un modelo de contratación temporal que priorice los derechos laborales y la estabilidad del personal.

Porque garantizar servicios públicos de calidad también implica respetar y proteger los derechos de las personas trabajadoras que los sostienen diariamente.

Por último, queremos informar de que ya hemos trasladado a nuestros servicios jurídicos la reciente modificación del decreto de listas al objeto de estudiar la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al considerar que determinados aspectos de la nueva regulación podrían vulnerar derechos del personal empleado público y resultar contrarios a los principios de igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica que deben regir el acceso y la provisión de puestos en la Administración pública.