CSIF ha presentado una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por la situación preventiva del personal de campo de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). Con esta nueva actuación, la Consellería de Vivienda acumula ya cinco investigaciones abiertas tras denuncias de CSIF: dos afectan a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), una al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), otra a la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) y una quinta se refiere a la vulneración de los derechos de los delegados de prevención, ante la falta de entrega, entre otras cuestiones, de información sobre las condiciones de trabajo, los accidentes laborales y sus correspondientes informes de investigación.
La reiteración de estas actuaciones evidencia que no estamos ante problemas puntuales, sino ante carencias preventivas que se repiten en distintos organismos de la Consellería.
Más de un año sin una evaluación definitiva para el personal de campo de la AXI
La nueva denuncia afecta al personal de AXI que realiza trabajos de campo en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
El primer borrador de la evaluación de riesgos fue elaborado en julio de 2025. CSIF presentó el 29 de septiembre de 2025 alegaciones tras detectar importantes deficiencias: falta de observación directa del trabajo real, medidas propias de trabajos en edificios ajenas a las tareas de campo y una valoración insuficiente de aspectos como vehículos, ergonomía, condiciones meteorológicas, riesgos biológicos y EPI.
Más de un año después, la evaluación continúa sin finalizar. La propia Administración ha reconocido retrasos vinculados a la carga de trabajo del Servicio de Prevención y en julio de 2026 llegó a trasladar que no existía una fecha prevista para su finalización.
Para CSIF, la falta de medios o la sobrecarga administrativa no puede servir de excusa para mantener indefinidamente al personal realizando trabajos de campo sin una evaluación de riesgos definitiva.
La Inspección ya recordó que los EPI deben venir determinados por la evaluación de riesgos
En la comparecencia del 27 de julio de 2026, la inspectora recordó expresamente a la vicesecretaria de la Consellería y al Servicio de Prevención de la Xunta de Galicia que es la evaluación de riesgos la que debe determinar la necesidad de suministrar un EPI y sus características, con independencia de que posteriormente exista una mesa o grupo de trabajo para concretar su adquisición. También recordó que deben reponerse cuando se deterioren y facilitarse a los trabajadores antes del inicio de la prestación de servicios.
Sin embargo, en AXI la evaluación sigue sin finalizar.
En febrero de 2026, durante la elaboración del nuevo pliego de vestuario y calzado, CSIF consiguió que numerosas prendas y elementos que el personal no tenía pasaran a incorporarse y reconocerse como EPI, además de mejorar sus características frente al frío, la lluvia y las condiciones propias del trabajo que realizan estos profesionales.
CSIF propuso también aproximar sus características a las dotaciones de otros colectivos de campo de la Xunta sometidos a riesgos similares. No puede haber trabajadores de primera y de segunda cuando las condiciones de exposición y las necesidades de protección son comparables.
No se trata, por tanto, de una simple reposición de material usado, sino de una mejora real de la protección del personal. Más de seis meses después, la contratación todavía no se ha materializado y los trabajadores siguen sin recibir esa nueva dotación.
Vehículos oficiales y una solicitud que sigue sin respuesta
CSIF ha solicitado en varias reuniones del CSSL la renovación de los vehículos oficiales con más de diez años de antigüedad. Los vehículos oficiales son equipos de trabajo y deben reunir condiciones de seguridad adecuadas.
Ante la falta de actuación de la Consellería, el 28 de mayo de 2026 CSIF presentó formalmente una solicitud de información sobre kilometraje, averías, asistencias de grúa, accidentes e incidentes, investigaciones preventivas, criterios de retirada y previsiones de sustitución, así como los informes de investigación de accidentes laborales relacionados con vehículos oficiales.
A fecha de presentación de la denuncia, CSIF seguía sin recibir respuesta, mientras permanece abierta otra actuación inspectora relativa a los derechos de los delegados de prevención.
Requerimientos por deficiencias en EPI y evaluaciones de riesgos
En el caso de la APLU, tras examinar la documentación remitida por la responsable de prevención de la Agencia, la Inspección de Trabajo efectuó un requerimiento para la imposición de medidas correctoras por incumplimientos en prevención de riesgos laborales.
Entre otras medidas, instó a revisar la evaluación de riesgos y a determinar de forma concreta el calzado de seguridad en función de las tareas encomendadas y del período climatológico en el que se realicen.
La APLU ya había sido objeto años atrás de otra actuación inspectora por deficiencias relacionadas con los EPI y, recientemente, la negativa de la responsable de prevención de riesgos laborales de la Agencia a reponer determinados equipos ha dado lugar a nuevas actuaciones inspectoras.
Los requerimientos y medidas correctoras de la Inspección no agotan las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos preventivos, que en los supuestos legalmente previstos pueden alcanzar también el ámbito penal.
Las actuaciones de la Inspección de Trabajo están dando la razón a las advertencias que CSIF viene realizando de forma reiterada en los Comités de Seguridad y Salud. Además, resulta especialmente llamativo que un organismo cuya función es exigir a los administrados el cumplimiento de la legalidad urbanística acumule, al mismo tiempo, actuaciones inspectoras por incumplimientos preventivos durante varios años. La APLU no puede exigir el cumplimiento de la ley hacia fuera y relajar sus propias obligaciones legales hacia dentro.
La Inspección recuerda los derechos de los delegados de prevención
En la actuación relativa a los derechos de los delegados, el 27 de julio comparecieron ante la Inspección la vicesecretaria de la Consellería, que también ejerce la presidencia del Comité de Seguridad y Salud, y un jefe de sección del Servicio de Prevención.
La inspectora indicó a la vicesecretaria que sería conveniente que dispusiera de la formación preventiva necesaria para el ejercicio de sus funciones y recordó a la Administración sus obligaciones de información a los delegados de prevención.
La Inspección dejó claro que determinada documentación debe facilitarse regularmente, otra debe entregarse a demanda de los delegados, y documentos esenciales como la evaluación de riesgos y el Plan de Prevención deben estar disponibles de forma inmediata para el Comité.
También recordó que los delegados tienen derecho a conocer los accidentes laborales desde el momento en que la Administración tenga conocimiento de ellos, pudiendo incluso acudir al lugar de los hechos para conocer sus circunstancias.
CSIF exige soluciones inmediatas
Con esta nueva denuncia CSIF reclama que se finalice la evaluación de los trabajos de campo de AXI, se entregue la dotación de EPI necesaria y se dé respuesta a las solicitudes de información preventiva pendientes.
En las Administraciones Públicas los incumplimientos preventivos no se traducen en sanciones económicas como en una empresa privada, sino en requerimientos y medidas correctoras.
Durante la última comparecencia, la inspectora trasladó a la vicesecretaria que, si se tratase de una empresa privada, la situación habría dado lugar a sanciones.
Que no haya multa no hace menos graves los incumplimientos. Evaluar los riesgos y proporcionar la protección necesaria son obligaciones de la Administración y derechos de los trabajadores.