Reunión del Consello Asesor para la integración de la discapacidad en la Función Pública gallega

Nota informativa:

Tras algo mas de un año sin hacerlo, el pasado 28 de noviembre volvió a reunirse el Consello Asesor para la integración de la Discapacidad en la Función Pública Gallega, órgano que reúne a Administración, sindicatos y distintas organizaciones representativas del sector, con la finalidad de estudiar y promover las iniciativas que se desarrollen para alcanzar una inserción laboral efectiva de las personas con discapacidad en la Administración autonómica.

En esta reunión, el presidente del Consello, el  Conselleiro de Facenda, expuso las líneas de actuación seguidas durante los últimos meses, que se pueden resumir en:

  • Dar cuenta del resultado de la 1ª convocatoria independiente para personas con discapacidad intelectual, para la cobertura de 6 plazas del Grupo V, Categoría 003.
  • Presentación de los datos generales de la Cuota de Reserva para personas con Discapacidad correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2017, que ascenderá, según los datos suministrados por el director general de Función Pública, a un total de 68 plazas de acceso libre (el 8,61% de las ofertadas, reservándose 18 en exclusiva para convocatoria separada de personas con discapacidad intelectual), de las cuales 59 son por turno libre y 9 en promoción interna.
  • Traslado de cifras de inserción de personas con discapacidad en la Función Pública Gallega.

Desde CSIF realizamos las siguientes valoraciones:

Como ya adelantamos en la nota de la reunión del año pasado, desde CSIF valoramos positivamente que la Consellería de Hacienda diese cumplimiento a uno de los ejes fundamentales en la integración: la convocatoria independiente de procesos para personas con discapacidad intelectual. Igualmente es de destacar que en la OPE 17, y tras la buena experiencia de ese primer proceso, se reserven 18 plazas, que supone un importante paso no solo cuantitativo, si no también cualitativo al ofertarse por primera vez plazas del Cuerpo General Auxiliar.

Para hacerse una pequeña idea de la dificultada de inserción de las personas con discapacidad intelectual y del enorme esfuerzo que supone superar este proceso (en contra de lo que en principio pueda parecer al tratarse de un proceso restringido a este colectivo) solo cabe mencionar que para las 6 plazas se registraron 429 instancias, que de los 352 presentados al primer ejercicio lo aprobaron 309, y que el segundo ejercicio (la prueba de gallego), la superaron 295 aspirantes. Y que, recordamos eran 6 las plazas en litigio.

Siendo esta la parte positiva de la actividad de la Administración, no podemos dejar en el tintero los debes.

Así, y van mas de 6 años desde la Constitución del Consello Asesor, la Xunta sigue sin acometer las siguientes reformas a las que se había comprometido.

  1. La elaboración de un catálogo de tipos de puestos de trabajo, en el que se describan sus tareas fundamentales y se establezca el perfil de exigencias y condiciones mínimas de cada uno teniendo en cuenta las peculiaridades de los distintos tipos de discapacidad.
  2. Elaborar las medidas de carácter normativo necesarias que regule el acceso específico de las personas con discapacidad a los puestos de naturaleza interina o temporal.
  3. Elaborar e publicar un Decreto regulador do Acceso, Promoción e provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad, en el ámbito de la Administración autonómica gallega.

Siendo de especial importancia este último punto, ya que a la vista de los datos de inserción presentados por la Administración correspondientes tanto a la OPE 16 como a los procesos ejecutados en el período 2011-2015, nuevamente puede comprobarse como las cifras no mejoran y siguen siendo desalentadoras.

Y es que como desde hace años viene denunciando CSIF, en plena sintonía con lo defendido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) o con Fundación Once, se sabe por la experiencia y por la opinión unánime de expertos en integración que la medida de aumentar el Cupo de Reserva no es suficiente para avanzar en la integración de las personas con discapacidad.

Y si bien desde CSIF se comprende que la errática (por vacilante y contradictoria) doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo (y que ha sido causa para que España se encuentre denunciada el CERMI ante la Comisión Europea en Bruselas) y la inanición del Tribunal Constitucional al respecto (pese a la reiterada intervención de la Defensora del Pueblo), no ayudan a clarificar el problema, ninguna duda cabe que el establecimiento por parte de la Xunta de Galicia de un Decreto regulador de en la materia, aclararía definitivamente el panorama.

Ya que nada impediría al legislador autonómico, en ejercicio de competencias constitucionalmente atribuidas en acometer un Decreto que incluyese las las medidas de discriminación positiva recogidas en las distintas convenciones internacionales, en la normativa europea y en la normativa interna trasposición de lo anterior, entre las que destaca la figura del “tratamiento diferenciado”.

Con ello se pondría fin a hechos tan poco recomendables como que de las 71 plazas que se convocaron para cubrir por el Turno de Discapacitados en el período 2011-2015, 46 de ellas, es decir casi 2/3 hayan quedado desiertas y sin cubrirse. Situación que aún resulta peor si centramos la mirada en los Grupos que exigen titulación de Grado, en cuyo caso vemos que de las 42 plazas reservadas únicamente se han cubierto 11.

Las cifras tampoco mejoran, y son tozudas ya que si limitamos el período a procesos de 2015 (resueltos en 2016), es decir desde la última reunión del Comité Asesor, observamos que de los datos traslados por la Administración, el número de plazas ofertadas fue de 32 y el número de plazas ocupadas fue de 11.

En definitiva, el aumento de la cuota de reserva, para que el resultado sea que 2/3 de las plazas que se ofertan no se cubren, se convierte en un mero “brindis al sol”, y en una política de inserción errática que se queda en la política de la foto.

Es por ello que, ante esta situación, entendemos que no deseada por ninguna de las partes que conforman el Consello Asesor, deben arbitrarse nuevas soluciones que pasan ineludiblemente por la aplicación de las medidas de Discriminación Positiva enmarcadas en las directivas Comunitarias, cuyo cumplimiento efectivo no se esta llevando a cabo.