El gobierno gallego se opone también a adoptar las medidas estatales de conciliación para favorecer el cuidado de hijos menores o con discapacidad.

El desprecio del gobierno por los nietos, hermanos y abuelos de los empleados públicos:

El anteproyecto de ley de impulso demográfico, promovido por el gobierno de Núñez Feijoo como uno de sus mayores logros de esta legislatura, incluye una serie de artículos dedicados a la conciliación en el sector público. Dichas medidas contienen avances en materia de bolsa de horas de libre disposición, así como de flexibilidad horaria, por motivos de conciliación familiar.

Uno de los supuestos contemplados para ser beneficiario de dichas medidas es la atención a personas mayores o con discapacidad que necesiten ser cuidados por el trabajador.

Hasta aquí todo digno de elogio y nada que criticar.

Pero dichas medidas quedan limitadas expresamente a que la persona mayor o con dependencia tenga un grado de parentesco con el empleado público de hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad (esto es: hijos, cónyuge, padres y suegros).

Sin embargo, hermanos, nietos y abuelos quedan excluidos de manera taxativa y consciente de toda medida de conciliación del empleado público, pues la Xunta se cerró en banda a ampliar estos supuestos al segundo grado de consanguinidad.

CSIF trató por activa y por pasiva hacer entrar en razón al representante del gobierno gallego en las reuniones con los sindicatos, el director xeral de Función Pública, así como de darle a conocer cuál es la realidad social en numerosas zonas de la geografía gallega, donde los hermanos y, sobre todo los abuelos, forman parte de la familia y dependen del trabajador.

La negativa de la Xunta a adoptar medidas de conciliación ya existentes en la Administración General del Estado:

Desde el 28 de septiembre de 2019, todo el personal al servicio de la Administración General del Estado que tenga hijos menores de 12 años o personas a cargo con una minusvalía reconocida igual o superior al 33% pueden acogerse a la jornada intensiva de verano desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

CSIF, como no podía ser de otro modo, solicitó, tanto en Mesa xeral de negociación de empregados públicos del pasado día 20 de enero como en la reunión preparatoria de dicha mesa, la implantación de dicha medida para los trabajadores de la Xunta de Galicia.

Pero una vez más, el gobierno de la Xunta volvió a considerar que los empleados de esta Administración no somos merecedores de los mismos derechos que los trabajadores del resto de las Administraciones Públicas.

Y, una vez más, la falta de discurso y la ausencia argumento fueron las únicas razones de este gobierno para no facilitar la conciliación a sus trabajadores. ¡Lamentable.

Y, lo que es peor, todo esto con la sumisa complacencia de CCOO y UGT!

Así las cosas, cuando en los próximos días el Presidente de la Xunta, en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación posterior al Consello de la Xunta, anuncie a bombo y platillo la remisión del anteproyecto de Ley de impulso demográfico al Parlamento, sabrá en su fuero interno que, en realidad, lo que está pregonando son grandes palabras, pero pequeñas ideas.

Una de las razones por la que los abuelos y nietos se llevan tan bien es que tienen un enemigo en común: El gobierno de la Xunta.