CSIF denuncia que persisten el calor extremo en el edificio de Monelos, en A Coruña, retrasos intolerables en la evaluación de riesgos del personal de campo de la Agencia Gallega de Infraestructuras y falta de medidas eficaces para proteger a la plantilla.

CSIF denuncia que la Inspección de Trabajo ha abierto una nueva actuación sobre posibles incumplimientos en materia preventiva y en los derechos de información y participación de los delegados y delegadas de prevención de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras.

No se trata de un hecho aislado. La Consellería ya acumula varias actuaciones inspectoras en materia de prevención de riesgos laborales: varias relacionadas con la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, otra vinculada al edificio del Instituto Galego da Vivenda e Solo en Santiago de Compostela y, ahora, una nueva investigación relativa al funcionamiento preventivo del Comité de Seguridad y Salud.

En una de las comparecencias ante la Inspección de Trabajo, la inspectora advirtió a la Administración de que no bastaba con presentar documentos genéricos, anuncios o compromisos sin contenido real. Exigió medidas preventivas eficaces, concretas, motivadas, objetivas y verificables, y llegó a calificar de “humo” aquellas respuestas que no aclaraban qué se iba a hacer, quién debía hacerlo, con qué medios ni en qué plazo.

CSIF considera que esta advertencia sigue plenamente vigente. La Consellería continúa acumulando evaluaciones, informes y promesas mientras persisten riesgos conocidos y se retrasan medidas que deberían haberse adoptado hace tiempo.

Uno de los problemas más urgentes afecta al edificio administrativo de Monelos, en A Coruña, donde CSIF volvió a denunciar temperaturas superiores a 32 grados en distintos despachos y episodios de hasta 35 grados o más, agravados por problemas de climatización y por la fachada acristalada del edificio.

CSIF exige a la Consellería un protocolo inmediato frente al estrés térmico, con mediciones urgentes de temperatura y humedad, medios provisionales de ventilación o refrigeración mientras no se resuelva la climatización y medidas organizativas que impidan trabajar en condiciones térmicas incompatibles con la normativa preventiva.

El sindicato solicita asimismo que, durante alertas por calor, se permita teletrabajar al personal que ya tiene esta modalidad autorizada y cuyas funciones lo permitan. Mantener la presencialidad en despachos que superan los 35 grados supone exponer innecesariamente a la plantilla a un riesgo conocido y evitable.

CSIF denuncia también que la Consellería sigue sin finalizar una evaluación de riesgos completa y adecuada de los trabajos de campo del personal de la Agencia Gallega de Infraestructuras. El borrador presentado fue objeto de alegaciones por parte de CSIF al contener errores y deficiencias que impedían reflejar correctamente las condiciones reales de trabajo y los riesgos a los que se expone este personal.

La evaluación de riesgos no puede hacerse desde un despacho ni convertirse en un trámite burocrático. Debe analizar el trabajo real: desplazamientos, circulación por vías de servicio, condiciones meteorológicas adversas, trabajo en carretera, utilización de equipos y necesidades específicas de cada colectivo.

CSIF exige que esta evaluación se corrija y concluya de inmediato. La falta de técnicos o la sobrecarga del Servicio de Prevención no pueden utilizarse como excusa para incumplir la ley. La Administración tiene la obligación de evaluar correctamente los riesgos para poder evitarlos o reducirlos, y debe dotarse de los medios necesarios para hacerlo.

El sindicato reclama asimismo que la próxima adquisición de vehículos de AXI responda a las condiciones reales de trabajo. Los vehículos oficiales son equipos de trabajo, no simples medios de transporte, y sus condiciones de seguridad no se agotan con pasar la ITV.

CSIF ha exigido vehículos adecuados para el trabajo en carretera, vías de servicio y zonas con firmes irregulares; mayor altura libre al suelo; dispositivos luminosos eficaces y formación en conducción segura para todas las personas obligadas a conducir, como formación preventiva específica conforme al artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

CSIF lamenta que la Consellería no haya permitido crear el grupo de trabajo solicitado en el Comité de Seguridad y Salud Laboral para analizar, con participación de la representación de las personas trabajadoras y del Servicio de Prevención, qué vehículos resultan realmente adecuados y seguros para este colectivo antes de formalizar la licitación.

La organización sindical denuncia además que ningún trabajador o trabajadora, incluido el personal interino o de reciente incorporación, puede realizar trabajos de campo sin disponer previamente de los equipos de protección individual necesarios. Los retrasos en licitaciones, suministros o contratos no eximen a la Consellería de su obligación de proteger eficazmente a su plantilla.

CSIF ha solicitado igualmente información sobre la formación preventiva del personal técnico del IGVS que realiza trabajo de campo, diferenciada de la correspondiente a tareas de oficina, así como la acreditación de los equipos de protección individual efectivamente entregados.

“Una evaluación de riesgos que no se traduce en medidas preventivas reales es un documento inútil. Cuando los riesgos ya son conocidos y han sido comunicados a la Administración, no adoptar medidas eficaces deja de ser una mera discrepancia técnica y puede generar responsabilidades si de esa omisión se deriva un daño para la salud”, advierte CSIF.

CSIF exige que la Consellería deje de gestionar la prevención a base de retrasos, excusas y actuaciones incompletas. No puede seguir normalizándose que las evaluaciones se demoren, que las medidas se queden sin ejecutar y que la plantilla tenga que reclamar una y otra vez soluciones básicas para poder trabajar con seguridad.