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CSIF asiste, como sindicato más reprensativo, a la reciente reunión de la Mesa general de Negociación del conjunto de las Administraciones Públicas y aprovecha para volver a denunciar un pacto «insuficiente» y poner de nuevo encima de la mesa otras cuestiones, además de las salariales, que también quedaron fuera del acuerdo «histórico» y son relevantes para los empleados/as públicos.

En la reunión la Secretaria de Estado ha presentado el “Acuerdo Marco para una administración del siglo XXI” suscrito con CCOO y UGT el pasado 19 de octubre a las CCAA, donde puso de manifiesto que para la aplicación del mismo se crearían grupos de trabajo en el seno de la Comisión de Coordinación de Empleo Público donde estarían representadas todas las CCAA.

Tanto Función Pública como los representantes de ccoo y ugt han calificado de histórico este acuerdo, evitando reconocer que el mismo empobrece más a los empleados públicos e incrementa la pérdida de poder adquisitivo que arrastran desde el año 2010 tras los recortes de Zapatero que todavía siguen sin recuperarse y que estos sindicatos parecen haber renunciado a ello.

CSIF puso de manifiesto, que, si bien el acuerdo recogía algunas de nuestras reivindicaciones, rechazó el mismo porque la subida salarial debería de haberse vinculado al IPC como las pensiones y como los sindicatos firmantes reclaman para el ámbito de la empresa privada y en lo referente a las condiciones laborales se trata de un documento lleno de promesas que podría aplicarse de manera inmediata estableciendo determinadas medidas que regula (35 horas semanales) como normativa básica y otras (como la adecuada clasificación profesional) aplicando lo que ya establece el Art. 76 del TREBEP, además de cumplir los acuerdos ya firmados como es el caso del Teletrabajo en la AGE que se suscribió en abril de 2021 y que a día de la fecha el Gobierno sigue sin publicar el Real Decreto que debe regularlo.

Además, CSIF advirtió que el acuerdo debería haber regulado cuestiones fundamentales para el conjunto de empleadas y empleados públicos, tales como:

• Derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras.
• Supresión de las reglas de contención de gasto a los efectos de que las CCAA puedan proceder a la devolución a sus empleados públicos de las pagas extras de ejercicios anteriores pendientes de su reintegro.
• Habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre los empleados públicos.
• Incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas, así como el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa.
• Supresión de la tasa de reposición en materia de empleo público.
• Modificación de la promoción interna flexibilizando la misma y la regulación con carácter excepcional, por una sola vez, del concurso de méritos.
• La movilidad voluntaria como mecanismo prioritario de provisión de puestos de trabajo.
• El desarrollo de la carrera profesional.
• El incremento de financiación a las Mutualidades para la prestación de una asistencia sanitaria adecuada.
CSIF advirtió que sin perjuicio de que los grupos de trabajo se reúnan para el desarrollo de los puntos del acuerdo, este debe ser objeto de negociación en las distintas Mesas de Negociación a lo que la Secretaria de Estado manifestó que así se haría.