En el aire la integración de los 1.800 trabajadores laborales temporales del Consorcio prometida por la Xunta por una disposición de los PGE

  • Los PGE solo permiten que sea considerado empleado público el personal fijo aunque Función Pública firmó un acuerdo para que también lo fuese el laboral temporal.

  • CSIF denuncia el secretismo y la falta de información sobre cómo afectará este cambio legislativo de ámbito nacional al 75% de la plantilla del ente público.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Galicia, alerta de que los nuevos Presupuestos Generales del Estado vacían de contenido el reciente acuerdo de integración del personal del Consorcio Galego de I+B en la Consellería de Política Social al incluir, en su Disposición adicional vigésima sexta, que “las Administraciones Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (…) no podrán considerar como empleados públicos ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una entidad de derecho público (…) al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una Administración Pública.

Esta disposición permite como excepción, en su transitoria tercera, la integración del personal laboral fijo pero no así del temporal.

CSIF critica el secretismo y la falta de información al personal laboral temporal del Consorcio (alrededor de 1.800 trabajadores, el 75% de la plantilla) afectado por esta novedad tanto por parte de la dirección Xeral de Función Pública como de los sindicatos firmantes del acuerdo de integración (CIG, CCOO y UGT). CSIF se opuso al mismo al considerar que tal y como está planteado precariza y destruye empleo público y perjudica directamente al personal laboral de la Xunta, al del Consorcio y al personal funcionario, así como a la calidad de los servicios públicos.

El último intento de obtener información sobre cómo va a afectar al personal del Consorcio esta disposición fue en la Mesa de Negociación celebrada ayer, día 2 de agosto, donde CSIF volvió a reiterar esta pregunta obteniendo como única respuesta la retirada de su turno de intervención por parte del director general de Función Pública. En consultas anteriores, el Sindicato solo obtuvo como respuesta de Función Pública que “confía” en que esta disposición sea suprimida en los PGE de 2018. Mientras, la Gerencia del Consorcio, después de negarse a reunirse con CISF, aseguró desconocer esta nueva realidad legislativa y sostuvo que solo se “limita” a seguir las instrucciones de Función Pública.

Para CSIF resulta especialmente grave que la Xunta de Galicia se despreocupe de la situación de 1.800 trabajadores tras firmar el acuerdo de integración, del que sacó pecho, ya que ahora es incapaz de dar respuesta a las dudas que surgen, la primera, si el acuerdo puede seguir en vigor. También desconoce Función Pública si podrá convocar o realizar procesos selectivos para la cobertura de puestos con carácter definitivo así como reservar en los años 2017, 2018, 2019 e 2020 un mínimo del 20% de las plazas do Consorcio en las respectivas OPEs convocadas por Función Pública, o si las plazas tienen que ser convocadas directamente por el Consorcio.

Ante esta grave situación y el desconocimiento demostrado tanto por parte de Función Pública como por la Gerencia del Consorcio, CSIF exigió ayer al Director de Función Pública que con carácter inmediato informe a todos los trabajadores del Consorcio de I+B cual es la afectación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, si pueden considerarse empleados públicos y que, sobre todo, garantice que, en cualquier caso, se llevará a cabo la equiparación salarial con el personal laboral de la Xunta de Galicia que realiza las mismas funciones.

 

EXTRACTO COMPLETO DE LAS DISPOSICIONES DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Disposición adicional vigésima sexta. Limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público.

Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las Administraciones Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una entidad de derecho público:

  1. a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos.
  2. b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una Administración Pública.

Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral.

Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos.

Tres. Lo establecido en esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1. 13.ª y 18.ª, así como del artículo 156.1 de la Constitución.

Disposición transitoria tercera. Reorganizaciones del sector público y recursos humanos.

  1. Lo establecido en la Disposición adicional vigésimo sexta. Uno. B) de esta Ley no será de aplicación al personal laboral fijo de las entidades del sector público que se integre en su administración pública de adscripción, como consecuencia de la aplicación de procesos de integración en su régimen laboral previstos en una norma con rango de Ley con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma y siempre que dicho personal haya sido seleccionado con la garantía de los principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad y tenga la titulación académica requerida para el acceso a la categoría en la que se produzca la integración.
  2. Esta disposición se dicta al amparo del artículo 149.1.13 y 18, así como del artículo 156.1 de la Constitución”.