La nueva movilidad forzosa fue negociada con CCOO y UGT en el llamado “Diálogo Social”, pero se lo ocultaron a los trabajadores.

Los sindicatos amarillos vuelven a vender a los trabajadores de la Xunta, pero por algo más de 30 monedas.

CSIF denunciaba ayer la pretensión de la Xunta de modificar el régimen de la comisión de servicios forzosa (regulado en la Ley de empleo público), a través de la Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica.

Para ello, el gobierno gallego utiliza la iniciativa legislativa del grupo parlamentario popular para, así, soslayar la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos y evitar que los trabajadores conociesen sus intenciones.

Y si bien este sindicato denunciaba ayer que la nueva modificación de la LEPG se hacía a espaldas de las organizaciones sindicales, ello no es cierto. CCOO y UGT ya lo sabían.

Fuentes del propio grupo parlamentario popular confirmaron a CSIF que el nuevo régimen de movilidad forzosa fue negociado con CCOO y UGT dentro del llamado Acuerdo del Diálogo Social. Acuerdo firmado entre la Xunta de Galicia, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y los sindicatos CCOO y UGT).

Del mismo modo, y según dichas fuentes, ninguno de los sindicatos puso grandes objeciones a la modificación del régimen de movilidad forzosa de los empleados públicos.

Prueba de ello es que estos sindicatos, conociendo desde ya hace algún tiempo el contenido de las enmiendas del grupo parlamentario popular, ni lo denunciaron ni tampoco lo pusieron en conocimiento de los trabajadores.

¿Qué es el Diálogo Social?

En lenguaje coloquial, el Diálogo Social no es más que un instrumento de perversión de la democracia por el cual el gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT adoptan acuerdos en base a conveniencias sectarias. Haciéndolo, no sólo al margen, sino que impidiendo la participación de los trabajadores.

Dicho de otro modo, es una forma que tiene el gobierno de garantizar la paz social a cambio de lucrativas recompensas económicas a los llamados agentes sociales, fundamentalmente, a CCOO y UGT.

En el caso de los presupuestos gallegos, la Xunta consigna cada año una partida económica que se reparten en exclusiva la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), CCOO y UGT.

Así, en los presupuestos del año 2021 figura expresamente una partida denominada “Convenio colaboración en materia de diálogo social (CEG, UGT e CCOO)” dotada con 400.000€. Una partida de idéntica cuantía a la contemplada en el presupuesto del año 2020 y anteriores.

A cambio, la única contraprestación que el gobierno exige a CCOO y UGT es la evitar y/o minimizar los posibles conflictos laborales, así como apoyar a la Xunta en las modificaciones normativas que perjudican a los trabajadores cuando así les sea requerido. Es decir, vender a los trabajadores a cambio de una recompensa económica.

Y, en este caso, la exigencia del gobierno a CCOO y a UGT fue que ninguno de los dos sindicatos mostrase gran oposición a que los trabajadores de la Xunta pudieran ser cambiados forzosamente de puesto de trabajo, así como guardar escrupuloso silencio al respecto hasta que la publicación de la ley.

Así, el interés de la Xunta prevaleció nuevamente sobre el interés de los trabajadores… Al fin y al cabo, 400.000 euros, ¡¡son muchos euros de Dios!!

       Trabajar en la Xunta y estar afiliado a CCOO o UGT, es un delito más grande que pegarle a un padre.

(Manolito Pérez, funcionario de la Xunta)